Inaceptable impunidad para los torturadores de la dictadura

Mucho tiempo pasó para llegar al juicio oral por un caso de hechos de tortura durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Los comisarios Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina están sentados en el banquillo de los acusados por crímenes cometidos durante la dictadura, delitos de lesa humanidad. Este es un juicio histórico. La Justicia paraguaya puede hacer historia, y no permitir más impunidad para aquellos que violaron los derechos humanos de miles de compatriotas.

Régimen de Alfredo Stroessner.


En el juicio que busca la condena de tres torturadores de la época stronista: Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, la “denuncia de Domingo Guzmán Rolón” es un proceso que dio sus primeros pasos en 2011.
Guzmán Rolón tenía 19 años cuando fue torturado en el año 1976. Él formaba parte de las Ligas Agrarias, movimiento campesino perseguido por el régimen stronista. Rolón era muy joven cuando tuvo que buscar refugio en Argentina donde fue detenido poco después por la Gendarmería, a los 19 años. Posteriormente, fue trasladado en el baúl de un automóvil hasta el Departamento de Investigaciones, según describió el Ministerio Público Federal de Argentina con respecto a su caso y detención, en el marco del Plan Cóndor.

En otra acusación, tanto Fortunato Lorenzo Laspina Escurra como Nicolás Lucilo Benítez Santacruz, como de Camilo Federico Almada Morel, alias Sapriza, ya habían sido condenados en 2019 por la tortura y muerte de Celestina Pérez de Almada, educadora y fundadora del Instituto Juan Bautista Alberdi de San Lorenzo. La muerte de Celestina ocurrió el 5 de diciembre de 1974 mientras su esposo, el activista Martín Almada estaba secuestrado. Laspina fue condenado a siete años de cárcel por las torturas a Martín Almada, quien relató que el policía le daba de comer materia fecal y de tomar orina a los detenidos. Siete años después de haberse presentado la demanda, al fin ayer se dio inicio al juicio oral, tras años de demoras y chicanas por parte de la defensa de los acusados de haber torturado a Rolón. El juicio se encuentra en sus instancias finales y tras la pausa continuará el 22 de enero a las 09:00. La Fiscalía ha solicitado una pena de 30 años para Eusebio Torres y Fortunato Laspina, mientras que pide 25 años para Manuel Alcaraz. La demanda fue presentada en 2017 por Domingo Guzmán Rolón, quien falleció en mayo de 2024, sin haber recibido justicia. 

El juicio oral se había iniciado el 3 de noviembre, y siguió un proceso dificultoso, marcado por intentos de nulidad y maniobras dilatorias. De los diez que fueron imputados inicialmente, solo tres llegan al banquillo: Eusebio Torres, Fortunato Laspina y Manuel Crescencio Alcaraz. Otros murieron o permanecen prófugos reafirmando la impunidad para los victimarios. Además, causa gran preocupación una inconstitucionalidad no resuelta todavía por la Corte Suprema de Justicia.

“No es de venganza. La lucha contra la impunidad significa forjar mejores días para lo que es el sistema democrático y la defensa de las instituciones que la componen”, señaló a medios de prensa Guillermina Kanonnikoff, activista y luchadora contra el régimen de Alfredo Stroessner.

Nuestro país ha hecho esfuerzos para no repetir su pasado, para no volver a aquel sistema autoritario, en el que las violaciones a los derechos humanos se cometían a diario y con total impunidad y se perseguía a todo aquel que pensara diferente. Así fue como la dictadura dejó más de 400 desaparecidos, detuvo ilegal y arbitrariamente a casi 20.000 personas y forzó el exilio de más de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

No debemos permitir que siga creciendo la impunidad de los violadores de los derechos humanos, de quienes torturaron a sus compatriotas en un ambiente de terrorismo de Estado y tampoco debemos olvidar a aquellos que se apropiaron ilegalmente de propiedades del Estado paraguayo y quedaron sin castigo por fallas de la Justicia.

El Paraguay tiene una deuda con todos los que arriesgaron sus vidas soportando torturas o exilio y con los que no sobrevivieron para que hoy podamos estar viviendo en democracia.

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